La suerte de la acción ejecutiva de Obama sobre inmigración en los tribunales

February 14th, 2015 5:17 PM

Cuando los medios periodísticos hacen mucho ruido y ofrecen poco en cuanto a los hechos concretos, la desinformación encuentra terreno fértil.

El juez federal Andrew Hanen recientemente emitió una orden de suspensión provisional que paraliza la implementación del programa de Acción Diferida para Padres de Hijos Nacidos en Estados Unidos o Residentes Permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés).

Al examinar la forma en que los medios hispanos informan esta noticia, se ha observado una marcada carencia de reportajes que expliquen las razones por las cuales se interpuso la demanda y detallen con exactitud los argumentos del pronunciamiento del juez.

A manera de ejemplo, la presentadora de Univisión María Elena Salinas, en un segmento titulado ‘Detrás de la Noticia: El Precio Más Alto de Suspender la Acción Ejecutiva” entre otras cosas declaró que la decisión del juez Hanen: “sin duda tuvo motivaciones políticas. No es ningún secreto que este juez en en el pasado se ha expresado pues de forma conservadora y en contra de algunas de las políticas del presidente Obama, si no la mayoría”.

¿Habrá leído la señora Salinas la opinión de 123 páginas que emitió el juez Hanen o está cayendo ella dentro del mismo círculo sin salida de quienes hablan sin conocimiento específico de los hechos?

El 20 de noviembre de 2014 el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, circuló un memorando a jefes de distintas divisiones de su agencia, indicando entre otras cosas que se crearía e implementaría el programa DAPA. El efecto de dicha instrucción sería permitir la presencia legal de más de cuatro millones de personas cuyo estatus migratorio no se ajusta a las actuales leyes de inmigración. La implementación del DAPA permitiría a estas personas obtener subsidios sociales y ayuda de gobiernos estatales y federales, entre otras cosas.

No todos los estados de la nación sufrirán un impacto significativo en sus recursos económicos al tener que brindar toda clase de ayuda a beneficiados del DAPA. Por lo tanto, los 26 estados demandantes que anticipan que tendrían mayor número de acogidos bajo DAPA se unieron y presentaron la demanda que en estos momentos está en discusión. Los estados demandantes alegan en síntesis que absorber el impacto económico de la inmediata implementación de DAPA colocaría sus respectivos recursos estatales en situación precaria. El juez Hanen, luego de recibir, estudiar y analizar la evidencia presentada por todas las partes, procedió a ordenar la suspensión temporal de la implementación del DAPA.

Ahora bien, mas allá del remedio temporal concedido, la pregunta primordial que se presenta es si las leyes de los Estados Unidos, incluida su Constitución, otorgan al secretario del Departamento de Seguridad Nacional el poder de tomar las acciones que ha dictado en este caso. En otras palabras, ¿puede el jefe de una agencia federal, de forma unilateral y a través de un memorando interagencial, cambiar toda la política pública de la nación, sin la intervención del Congreso?

Según dicta la decisión del juez Hanen: ‘Este es un caso de asuntos complejos relacionados con la inmigración, lo cual necesariamente involucra preguntas sobre federalismo, separación de poderes y la habilidad y consejo que pueda tener el Poder Judicial, si alguna, para atender y resolver las disputas’. El mismo juez indica que de lo que no trata el caso es sobre ‘los méritos de este programa’, refiriéndose a DAPA.

Vivimos en un sistema democrático de gobierno. Conforme a nuestro ordenamiento constitucional las tres ramas de gobierno: la ejecutiva, la legislativa y la judicial, funcionan de tal manera que no existe poder absoluto en una sola. Este sistema de pesos y contrapesos es el que impide el desarrollo de la tiranía del poder. Pero, ¿que pasa cuando una rama del gobierno se abroga poderes que no le corresponden? Estas son las preguntas que los medios de comunicación deberían estar planteando y explicando al público en general.

Lejos de acusar a un juez de emitir opiniones por motivaciones políticas y lejos de brindar información a medias, examinemos la totalidad del contexto en el que ocurren los eventos. El asunto de la reforma inmigratoria es de gran importancia. Pero tan importante como llegar, también lo es la manera en que se llega.